Aceptan cambiar el criterio de un reajuste jubilatorio

Otro fallo contra la Anses

La Justicia dispuso mejorar un aumento sobre el que ya se había expedido

La Cámara de la Seguridad Social resolvió limitar los alcances del principio de cosa juzgada y ordenó actualizar el haber mensual de un jubilado en función de un criterio más favorable que el utilizado en un fallo previo, dictado para la misma persona y por el mismo período.

La decisión de los jueces de la Sala III de la Cámara se refiere al juicio que Domingo Adolfo Pucheta había iniciado contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por un reajuste de haberes correspondiente al período de entre principios de 1991 y marzo de 1995, cuando la imposición del régimen de convertibilidad pretendió congelar las jubilaciones aun en años con inflación y ajustes salariales.

Pucheta había obtenido una sentencia previamente en función de la doctrina “Chocobar”, dictada por la Corte Suprema en 1996. Ese fallo otorgaba un ajuste, para el período citado, de sólo el 13,78 por ciento.

Ya con otra composición, el tribunal supremo revisó aquel criterio y en 2005 dictó el fallo “Sánchez”, en el que reconoció que los haberes debieron haberse movido, entre enero de 1991 y marzo de 1995, siguiendo el Indice General de Remuneraciones. Según cita el escrito de los camaristas, esa variación resultó del 82,38%. Así, la aplicación efectiva de lo dicho en “Sánchez” implicaría, para quienes estuvieron jubilados durante todo ese período y habían recibido un ajuste por Chocobar, un incremento del 60 por ciento.

Sin solución general

La sentencia, que salió favorable a Pucheta por los votos de los jueces Néstor Fasciolo y Juan Poclava Lafuente, señala que, si bien la Corte había dispuesto el criterio de tomar un índice de variación salarial, eso “no motivó en los otros poderes [Ejecutivo y Legislativo] el dictado de una norma de alcance general que restableciera la igualdad ante la ley y asegurara el derecho al cobro de una prestación móvil en su justa cuantía”.

Según el voto de Fasciolo, la situación de Pucheta “es un claro ejemplo de la desigualdad generada en el transcurso del tiempo en torno a la movilidad de los haberes de quienes no formularon reclamo, respecto de quienes sí lo hicieron, pero con suerte diversa”.

El tema ganó protagonismo este año en el Congreso, porque el proyecto impulsado por legisladores de la oposición que prevé fijar el haber básico en el 82% del salario mínimo también busca disponer el ajuste de los ingresos previsionales según los fallos Sánchez y Badaro.

El caso Badaro es el que se refiere a la movilidad que debieron haber tenido los haberes entre 2002 y 2006, cuando, pese a la fuerte pérdida de poder adquisitivo que produjo la inflación, los ingresos de cientos de miles de pasivos tuvieron una recomposición muy insuficiente. Esa situación no fue corregida por la ley de movilidad, que la Corte ordenó dictar, pero que rige desde 2009.

Al analizar el fallo que favoreció a Pucheta, el abogado previsionalista Adrián Tróccoli elogió la resolución, y apuntó: “Tiene que ver con los límites de la cosa juzgada, que no es una institución inamovible, aunque sí importante”.

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